El agua en sonora ¿derecho o negocio?

Carlos Cortez Ruiz

Hace unos días la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que reconoce al agua potable como un “derecho humano básico”. Pero la posibilidad real de avanzar en la garantía de ese derecho está limitada por la oposición de los poderes mundiales y las corporaciones que consideran el agua como un bien con el cual se puede hacer negocio.

En el caso de México la resolución es fundamental en la medida que se ha venido imponiendo el interés de lucro o las “oportunidades de negocio” en las decisiones relativas al agua, mientras amplios sectores de la población no tienen asegurado el acceso al vital líquido. El tema es particularmente importante en el noroeste del país, donde es serio el problema de la disponibilidad y el acceso al agua potable y donde el modelo con que se pretende resolver la situación parece no considerar el derecho humano básico.

Sonora se ha enfrentado desde mediados de los 80s a una severa sequía que ha generado la aplicación de programas de racionamiento. En 2004 el sistema estatal de presas contaba con sólo nueve por ciento de su capacidad y, según la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del estado, 32 municipios enfrentaban serios problemas de abastecimiento. Ya desde entonces se alertaba sobre la insuficiente cobertura de los sistemas hidráulicos en las principales ciudades y de la urgencia de crear infraestructura hidráulica para enfrentar los problemas de desabasto. En 2005 se anunciaron programas de restitución de fuentes de captación en 29 municipios, mediante acciones de exploración geofísica, construcción y reequipamiento de fuentes de captación, rehabilitación y profundización de pozos, entre otras obras. Sin embargo, las acciones de restitución no fueron suficientes y para febrero del presente año las ciudades del centro y noroeste del estado enfrentaron la peor emergencia de su historia por desabasto de agua potable.

El 25 de enero pasado el gobernador Guillermo Padrés alertó a la población sobre la gravedad del problema y anunció la decisión de tramitar la declaración de emergencia ante la Secretaría de Gobernación por el desabasto de agua. Acusó a los anteriores gobiernos priístas de no haber realizado inversiones suficientes para solucionar el problema, particularmente grave en Hermosillo, Nogales, Puerto Peñasco, Guaymas y Navojoa. Unos meses después, las autoridades estatales y federales presentaron el Plan Integral para el Abasto de Agua en Sonora, que prevé solucionar la escasez con la construcción de tres presas, canales y otras obras que conectarían presas de los ríos Mayo y Yaqui con Hermosillo. Incluye la propuesta de construir plantas desaladoras de agua de mar, para el abasto de Guaymas y Puerto Peñasco.

El 28 de julio la Comisión Nacional del Agua (Conagua) firmó un convenio con el gobierno del estado y anunció que le otorgaría a éste asesoría técnica y apoyo financiero para las obras hidráulicas consideradas en el programa Sonora Sí. Las obras (nuevas presas, una desaladora y tres acueductos) requieren una inversión superior a los 11 mil 800 millones de pesos, y se utilizarán recursos del fondo de infraestructura, de la iniciativa privada y de programas de la Conagua. Aunque no hay información sobre la participación de los privados, se considera un esquema de “diseño, construcción, operación y transferencia” por un periodo de 20 años, como se aplica en otras obras de este tipo promovidas por la Conagua. Esto significa que los proyectos deberán ser “rentables” para beneficio de los inversionistas privados participantes.

Las principales obras anunciadas implicarán inversiones de cuatro mil millones de pesos. Destaca el acueducto Independencia, que requiere una inversión de tres mil 800 millones de pesos y tiene como objetivo conducir agua de la presa El Novillo a la ciudad de Hermosillo para garantizar agua a 800 mil habitantes. También se anunció el financiamiento y apoyo técnico para el proyecto de la planta desalinizadora que abastecerá a los municipios Guaymas y Empalme. Las obras incluyen la presa Pilares, a construirse en la parte alta de la cuenca del Río Mayo, y del acueducto Revolución, que requiere unos 80 millones de pesos y abastecerá a los municipios de Álamos, Navojoa, Etchojoa y Huatabampo.

El director de la Conagua entregó al gobernador dos títulos de asignación de derechos de agua por casi 52 millones de metros cúbicos que serán conducidos por el acueducto Independencia y aseguró que no se tocará una sola gota de agua concesionada al distrito 41 del Valle del Yaqui. Además de los 52 millones de metros cúbicos, en trámite de cesión, para el acueducto Independencia, están en negociaciones el resto de los 70 millones que se necesitan en total para que el sistema entre en operación en abril de 2012, informó la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Si bien junto con el convenio firmado se anunció que habría convocatorias para las licitaciones de los acueductos Independencia y Revolución así como para la presa en Nacozari, hasta el 11 de agosto no se habían dado a conocer. Estas obras no están consideradas en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012. Entre los denominados proyectos estratégicos de la Conagua no existe tampoco referencia alguna a los acueductos y sólo se menciona la propuesta de construcción de una desaladora en Guaymas, con una inversión de 850 millones de pesos y una capacidad de 500 litros por segundo. Asimismo, están pendientes los derechos de vía y los estudios de impacto ambiental.

Desde sus orígenes, el plan Sonora Sí generó división. Se oponen a él diversos sectores políticos y sociales, algunos de ellos agrupados en el Movimiento Ciudadano por el Agua (MCA). Entre los opositores se encuentran productores agrícolas y empresarios del sur del estado; diputados locales y federales priístas; inclusive el senador panista Javier Castelo y el ex candidato a gobernador de ese partido Adalberto Rosas. Destaca la oposición de autoridades de la tribu yaqui.

Al darse a conocer que iniciaría la licitación del acueducto Independencia, los opositores se manifestaron y presentaron demandas en los tribunales, con el objetivo de evitar el trasvase del agua de la presa El Novillo. Su argumento es que esta obra afectaría la disponibilidad del recurso en el Valle del Yaqui y el desarrollo de la economía del sur del estado. El MCA plantea como alternativa la construcción de una planta desaladora de agua de mar para abastecer a la capital, que requeriría una inversión 30 por ciento inferior. Los opositores consideran que es sólo mediático el anuncio oficial de que iniciarán las obras de Sonora Sí, pues la ley impide trasvasar agua de una cuenca a otra o cambiar el uso de la misma. Miembros del MCA entregaron al Congreso local una petición en contra del acueducto El Novillo-Hermosillo. Asimismo, el gobierno enfrentará dificultades para que el Congreso apruebe los créditos o las reasignaciones presupuestales que necesita para concretar el proyecto.

Hasta principios de agosto, el gobierno del estado no había informado al Congreso local de las obras contenidas en el proyecto Sonora Sí, ni había hecho pública información donde demuestre que éstas representan la mejor alternativa para el suministro de agua a Hermosillo.

La tribu yaqui es de las que se percibe de las más afectadas por el acueducto. Con base en decretos presidenciales emitidos a mediados del siglo XX, debería recibir 50 por ciento del agua para riego de la presa El Novillo, pero recibe solamente 15 por ciento. En reunión con el gobernador en mayo pasado, las autoridades tradicionales de la tribu hicieron una defensa del agua que les corresponde y solicitaron que se defina bien el decreto del general Lázaro Cárdenas respecto a a los volúmenes de la presa La Angostura y de los escurrimientos del Río Yaqui que les pertenecen. Demandaron también el cumplimiento del decreto que los dotaría de más agua para ampliar sus siembras mediante la creación del distrito de riego de la Tribu Yaqui.

Aunque en el encuentro nunca se mencionó que la etnia cedería parte de su agua para abastecer a Hermosillo, parece imposible que el gobierno estatal convenza a la tribu de vender parte de su agua o “sus excedentes”, dejando de lado las demandas y la historia de resistencia de estos indígenas frente a los intentos de despojo de sus recursos. En los primeros días de agosto, las autoridades tradicionales de los pueblos yaquis de Vícam y Pótam interpusieron recursos legales ante el Tribunal Unitario Agrario 35 de Ciudad Obregón contra el gobierno del estado y la Conagua, para tratar de frenar la construcción del acueducto de El Novillo-Hermosillo, coincidiendo con la lucha del MCA contra ese proyecto. En la demanda exigen que ambas partes se abstengan de celebrar cualquier convenio o licitar cualquier obra que tenga como objetivo extraer agua de la cuenca del Río Yaqui. Solicitaron al tribunal agrario que les restituyan 50 por ciento de las aguas de la cuenca del Río Yaqui.

Además demandaron que se emita una medida cautelar urgente y precautoria de aseguramiento para que tanto la Conagua como el gobierno estatal se abstengan de emitir, suscribir o establecer cualquier acto o decreto en el que se involucren volúmenes o derechos de agua de la cuenca del Río Yaqui. Estas demandas yaquis reducen la viabilidad del plan Sonora Sí. Aunque el tribunal agrario rechazara atender la demanda con el argumento de que el tema no es de su competencia, es evidente que los yaquis están dispuestos a acudir a instancias legales para exigir sus derechos.

La Conagua y el gobierno estatal han advertido que no cederán ante la oposición. Consideran que ésta defiende intereses “partidistas”. “No vamos a claudicar, ni nos vamos a amedrentar: Vamos para adelante”, advirtió Padrés a los detractores del acueducto. Lo cierto es que precisamente la forma en que se han hecho las cosas hace pensar en la existencia de intereses particulares, no revelados por la falta de transparencia que ha caracterizado al Sonora Sí.

Quizá la situación permita abrir un debate sobre la compleja problemática del agua en Sonora, y así que todos los agentes involucrados en el asunto definan de manera transparente cuáles son las obras más adecuadas, pensando en el largo plazo y en modelos que ayuden a garantizar el manejo sustentable del recurso y el derecho humano al agua potable para toda la población.

 

INFORMACIÓN EN:

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/21/desierto.html