La legitimidad de la lucha yaqui por el agua

Enriqueta Lerma Rodríguez

Desde que Guillermo Padrés, el gobernador sonorense, diera a conocer el programa Sonora Independencia (Sonora SI) la tribu yaqui se ha organizado para evitar la disminución del porcentaje de agua que por derecho histórico y legítimo les pertenece.


Ese programa incluye la construcción del acueducto Novillo-Hermosillo con el fin de dotar agua a la capital del estado. Padrés asegura que la obra no disminuirá las aguas del río Yaqui en detrimento de la tribu; sin embargo, por la disposición geográfica de las presas estatales la afectación es evidente.


Los yaquis deberían gozar de hasta 50 por ciento del agua de la presa La Angostura, tal como lo indica el acuerdo del 12 de junio de 1939, firmado por Lázaro Cárdenas. El objetivo era intensificar el sistema de riego para fomentar la agricultura en el territorio reconocido a la etnia en 1937, pero en 1952 el agua fue retenida con la construcción de la presa El Oviachic o Álvaro Obregón y canalizada hacia los campos agrícolas del Valle del Yaqui, en manos de empresarios privados. Con posterioridad se interpuso entre las dos presas una tercera: la del Novillo o Plutarco Elías Calles (1962) de uso hidroeléctrico. Justamente el programa Sonora SI se propone hacer uso de esta última para llevar agua a Hermosillo, provocando así el descontento de la tribu yaqui, que nunca ha sido dotada del total de agua que le corresponde, y el de los empresarios de Ciudad Obregón que verán disminuida su producción en el Valle del Yaqui.


El programa Sonora SI responde a una disputa por el poder estatal: entre el grupo priísta conocido como los yaqui power –conformado por empresarios obregonenses, entre ellos Eduardo Bours, ex gobernador de la entidad– y los panistas dirigidos por el actual gobernador.


El acueducto Independencia en este contexto funge un papel de estrategia política para Padrés en dos sentidos: golpear la economía de su principal bloque opositor en el Estado y, por otro lado, asegurar el voto de los beneficiados por el programa. Sin embargo, su interés electoral afecta a un sector más vulnerable: la tribu yaqui, que verá reducida su de por sí precaria dotación de agua.


Aun cuando en octubre María del Rosario Alcantar, jueza octava de distrito de Ciudad Obregón, dio resolución favorable al pueblo yaqui, al ordenar la cancelación de la obra, el dictamen no resolvió el problema. La jueza recibió amenazas de muerte. El gobernador Padrés desconoció el dictamen, mostrando así su desprecio por la ley y su discriminación hacia los pueblos indígenas de Sonora. La discriminación ya se había hecho patente en marzo cuando el gobernador optó por una innovadora solución: desaparecer la personalidad jurídica de los yaquis.


En contubernio con funcionarios de la Procuraduría General de la República, de la Procuraduría Agraria y de la Comisión Nacional del Agua, se solicitó al Instituto Nacional de Antropología e Historia un peritaje antropológico para confirmar la existencia de la tribu. La intención era argumentar su inexistencia para invalidar los acuerdos de restitución territorial que Cárdenas hizo a la tribu en 1937. Dado que el peritaje no se realizó gracias a la oposición de algunos antropólogos yaquistas, la actual moneda en el aire ya no es desconocer a la etnia completa sino sólo a los pueblos yaquis que están en lucha, con el argumento de que no son indígenas quienes abanderan la demanda de respeto a la dotación de agua. Así, la legítima demanda del pueblo víqueño, asentado en Vícam Estación (o Vícam Switch), ha sido menospreciada y desconocida. Baste mencionar además la represión de la que fue objeto esta comunidad durante el cierre parcial de la carretera federal número 15.

 

Ciertamente los yaquis, tradicionalmente y según su cosmovisión ancestral, se organizan en ocho pueblos, de sur a norte: Bácum, Cócorit, Tórim, Vícam, Pótam, Rahúm, Huirivis y Belén. Sin embargo, a partir de ciertos eventos históricos la población yaqui ha ido reordenándose territorialmente con la conformación de nuevos pueblos y comunidades, y la extinción de otros.

Durante el período de las Guerras del Yaqui (1828-1902) desaparecieron varios pueblos; sus habitantes huyeron a la sierra del Bacatete, a Estados Unidos y a Hermosillo. En el período porfirista con la extradición de yaquis a las haciendas henequeneras de Yucatán, con el fin de deslindar su territorio y ponerlo en venta, desaparecieron Rahum, Huirivis y Belén. Con el decreto de Lázaro Cárdenas a la tribu sólo se le restituyeron las tierras de la margen derecha del río Yaqui, quedando fuera del acuerdo Bácum y Cócorit.


Con estos antecedentes, para mediados del siglo XX sólo existían de manera factual y legítima Tórim y Pótam. Los demás pueblos estaban dispersos en el estado y el resto de México o se encontraban aún por bajar de la sierra en su calidad de alzados. Vícam, cabecera principal de los ocho pueblos, también se encontraba desaparecida. Sus habitantes, en su mayoría “indios broncos”, estaban refugiados en la sierra. Otros residían alrededor de una estación de tren llamada Vícam Switch o Vícam Estación; al paso del tiempo dicho lugar se conformó en el poblado que actualmente encabeza la lucha contra el Sonora Sí. Miembros de la tribu yaqui aseguran que tras la restitución territorial en Vícam Estación se establecieron los pobladores de Bácum, Cócorit y Vícam, mismos que partieron más tarde a refundar sus propias localidades. La gente de Vícam se dividió en dos: Pueblo Vícam y Vícam Estación aunque bajo un mismo gobierno tradicional. En esta última localidad se avecinaron familias de mestizos quienes ahora ocupan la mitad del pueblo, sin embargo, gran parte de la comunidad se compone de yaquis. ¿Dónde está pues la ilegitimidad de la identidad yaqui del pueblo de Vícam? En todo caso el Estado mexicano estaría obligado a ofrecer una disculpa a los yoeme por haber desintegrado, desaparecido y dividido sus pueblos.


La división entre Pueblo Vícam y Vícam Estación se profundizó tras el fracaso del Proyecto Integral de Desarrollo de la Tribu Yaqui (PIDTY), financiado por medio de un fideicomiso por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a finales de la década de 1980. Tras acusaciones de malversación de fondos por parte de autoridades tradicionales de Vícam, el fideicomiso se cerró y la Sedesol suspendió los apoyos. Las autoridades tradicionales de Vícam y Pótam, con posiciones opuestas, se fragmentaron, creando así gobiernos alternos. Desde entonces la rivalidad entre ambos sectores (Pueblo Vícam/Vícam Estación, Pótam tradicional/Pótam Pinito) prevalece, y es fomentada por las autoridades estatales, quienes dan reconocimiento a uno u otro grupo dependiendo de sus intereses.


En la coyuntura del Sonora Independencia, Padrés deslegitima la lucha de los yaquis de Vícam Estación debido a que se encuentran adheridos al Congreso Nacional Indígena y a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Pero sobre todo porque se oponen a ser pisoteados una vez más por los poderes hegemónicos estatal y federal.


La coartada de Padrés ha sido desconocer la identidad yaqui del grupo en lucha y buscar alianzas con quienes se sustentan como los pueblos legítimos. El gobernador ha sacado del baúl de los agravios la expropiación que hizo Ernesto Zedillo a los yaquis en 1997 (dos mil 257 hectáreas). Con la promesa de revisar el caso, Padrés ha convocado a los llamados “pueblos originales” para abrir una mesa de negociación. A cambio éstos deben desconocer al grupo de yaquis que se oponen al Sonora Independencia. En el afán de fortalecerse dentro del territorio yaqui, “los originales” no se percatan de la maniobra en que están participando: deslegitimar a parte de su etnia en detrimento de su territorio y de su organización comunitaria.


En este contexto el autoritarismo del poder estatal no se conforma con imponer programas, sino que hasta se jacta de poder legitimar identidades, considera que por medio de sus instituciones puede despojar de su ser a un pueblo. Los yaquis, sean de Vícam Estación, de Hermosillo, de Arizona, o de cualquier otro lugar a donde la historia los haya orillado a migrar, son yoeme: “hombres verdaderos”. Y su lucha es legítima por el simple hecho de ser ciudadanos en ejercicio de su participación política.


Uno de los retos más grandes a vencer para los yaquis es sin duda la discriminación gubernamental, y sobre todo la indiferencia de la sociedad civil nacional, que aunque en numerosas ocasiones ha simpatizado co n movimientos indígenas, sobre todo desde 1994, no ha volteado a mirar hacia el norte, donde desde hace más de medio siglo también hay autonomías. En eso no sólo el Estado tiene una deuda con ellos.

 

INFORMACIÓN EN:

http://www.jornada.unam.mx/2011/12/17/cam-lucha.html