Memorial de agravios

Congreso Nacional Índigena

Gloria Muñoz Ramírez

No es aventurado asegurar que el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, además de estar marcado por las más de 80 mil víctimas de su fallida guerra contra el narcotráfico, será recordado como uno de los más representativos del despojo a los territorios de los pueblos indios de México: La expansión de las empresas mineras, el saqueo de maderas, la construcción de carreteras que arrasan con todo, la invasión de las empresas eólicas, la privatización del patrimonio cultural, las amenazas a los sitios sagrados, el hostigamiento a las radios comunitarias y un largo etcétera que se encuentra con la resistencia de los pueblos, tribus, naciones y barrios que se niegan a desaparecer.

 

El reciente pronunciamiento del Congreso Nacional Indígena —red de pueblos en la que desde 1996 confluyen las luchas del territorio originario de México— ofrece un recuento actualizado de lo que está en juego en estos momentos: por un lado, gobiernos, empresas transnacionales y organismos financieros nacionales e internacionales que continúan una guerra de exterminio; y por el otro los que luchan por salvaguardar su territorio.

 

El historial de agravios que ofrece el CNI es el siguiente:

Gobiernos, partidos y paramilitares atacan la autonomía zapatista. En los meses recientes se han incrementado las agresiones contra las Juntas de Buen Gobierno y las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal; así como por los partidos políticos (PRI, PVEM y PRD) y organizaciones paramilitares como la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao).

 

La lucha por el agua de la tribu yaqui. Para evitar ser despojados de su agua por la construcción del Acueducto de la Presa del Novillo, proyecto auspiciado por los gobiernos Federal y del estado de Sonora, con el involucramiento de empresarios como Carlos Slim, los yaquis interpusieron y ganaron un amparo y medidas cautelares, pero nada no ha sido suficiente para detener una obra que, de terminarse, desviará su agua a la capital.

 

Contra las mineras en territorio wixárika. El Consejo Regional Wixárika, que agrupa a Cuexcomatitlán, Teponuahuaxtlán y Bancos de San Hipólito, está decidido a “defender la vida, los lugares sagrados y su cultura contra empresas mineras de gran capital”.

Virikuta es el territorio sagrado del pueblo Wixárika, y tiene una extensión de 140 mil 212 hectáreas. Actualmente pesan sobre este territorio 79 concesiones mineras que abarcan una extensión de casi el 70 por ciento Virikuta, es decir, 97 mil hectáreas están concesionadas.

 

Represión y amenazas para los cocas que defienden su patrimonio. La comunidad coca de Mezcala, Jalisco, “exige castigo al grupo paramilitar que encabeza el empresario invasor Guillermo Moreno Ibarra, quien intimida, provoca, divide y amenaza a los miembros de esta comunidad”.

 

Actualmente pesan órdenes de aprehensión contra los comuneros que han defendido sus tierras y la Isla de Mezcala, considerada lugar sagrado y corazón de su pueblo y de su cultura.

Lucha por el reconocimiento de tierras de los mazahuas del Estado de México. Son mil 846 hectáreas de tierra comunal las que el gobierno pretende arrebatarle a la comunidad San Antonio Pueblo Nuevo de San José del Rincón, para transformarlas en tierra ejidal, como paso previo para su privatización.

 

Justicia, seguridad y reconstitución del territorio del pueblo purépecha de Cherán.  Enclavada en la meseta purhépecha de Michoacán, esta comunidad que desde el 15 de abril del 2011 emprendió una lucha frontal contra los talamontes que les habían arrebatado ya el 80 por ciento de sus bosques, exige el respeto a sus propias formas de autoorganización e instituciones políticas; castigo a los culpables de la desaparición, secuestro, tortura y asesinatos de los comuneros; y desmantelamiento del crimen organizado que ha devastado el bosque, que afecta la vida y la libertad de su pueblo.

 

Alto al hostigamiento a Radio Ñomndaaa. El pueblo amuzgo de Xochistlahuaca, Guerrero, mantiene, contra viento y marea, las transmisiones de su radio comunitaria conocida como Radio Ñomndaaa La Palabra del Agua. El CNI exige que cese el hostigamiento contra este medio de comunicación y contra su pueblo, usos y costumbres.

 

Resistencia del ejido chol, de Tila, en defensa de sus tierras. En la zona norte de Chiapas, los ejidatarios de Tila, adherentes a La Otra Campaña, exigen respeto a su tierra y territorio, pues el gobierno estatal pretende despojarlos de 130 hectáreas, a través de una expropiación.

 

Por el respeto a su autonomía luchan los otomíes en el Estado de México. Agrupados en el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra de la Región Otomí Mexica, las comunidades denuncian violaciones a sus derechos, amenazas e intimidaciones, porque quieren arrebatarles sus recursos naturales con la construcción del proyecto carretero Toluca-Naucalpan.

 

Contra los proyectos eólicos resisten los ikoots y binnizá, en Oaxaca. En la Región del Istmo de Tehuantepec, la empresa eólica Mareña Renovables encabeza el despojo de mil 643 hectáreas de tierras comunales, a través del parque eólico San Dionisio e Istmeño.

Una carretera en el df parte territorios y divide comunidades. Los pueblos ubicados al sur y al poniente de la Ciudad de México, están en contra de la construcción del proyecto carretero Arco Sur, un subproducto del Proyecto Nacional de Infraestructura.

 

La comunidad de San José del Progreso continúa en lucha contra la minería. Agrupados en la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, los comuneros se oponen al proyecto minero de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines y Minera Cuzcatlán. Esta lucha ha dejado un saldo de dos compañeros muertos y tres heridos en lo que va del año.

 

Por la libertad del comunero zapoteco Pablo López Alavez. La comunidad zapoteca de San Isidro Aloapam, en la Sierra de Juárez, demanda la libertad de Pablo López, miembro del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón, encarcelado por defender el bosque y las tierras en contra de los talamontes y militares de San Miguel Aloapam.

 

Con la lucha de la Policía Comunitaria de Guerrero. Con el fin de debilitar la organización de los pueblos y fomentar la división entre las comunidades para apoyar a las grandes empresas transnacionales, principalmente las mineras, se han incrementado las amenazas contra los pueblos y comunidades agrupadas con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Montaña y Costa Chica-Policía Comunitaria (CRAC-PC), por lo que se exige el cese del hostigamiento y acusaciones falsas en contra de sus autoridades.

 

En este contexto, los pueblos, naciones, tribus y barrios que conforman la red delCNI se declararon en en sesión permanente, “con el fin de dar una respuesta rápida y así evitar la impunidad y la injusticia, y sobre todo estar vigilantes para que vivamos en paz y con tranquilidad dentro de nuestras comunidades”.

 

INFORMACIÓN EN:

http://www.jornada.unam.mx/2012/09/08/oja-congreso.html