CARTA ABIERTA DE LA TRIBU YAQUI A LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

CARTA ABIERTA DE LA TRIBU YAQUI A LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

 

La historia de nuestro pueblo, de la tribu yaqui, ha estado históricamente vinculada con el agua del río Yaqui para nuestra sobrevivencia cultural y económica. El río es parte de nuestra ritualidad y cosmovisión; es el principal elemento productivo, está ligado a la creación y es símbolo en el llamado huya ania, “el mundo del monte”, lugar mítico en el que deambulan seres benignos y malignos que le dan sentido e identidad a nuestra existencia.

 

El 30 de septiembre de 1940, el Presidente Lázaro Cárdenas firmó el Decreto que restituye y titula el territorio a la tribu yaqui, otorgándonos el derecho al 50% del agua existente en el caudal del dicho río.

 

Uno de los problemas que siempre hemos enfrentado es el acceso al agua, cuestión que en las últimas décadas se ha agravado debido a que el caudal de agua del río Yaqui ha bajado y la mayoría de sus escurrimientos son utilizados para surtir de agua a otras ciudades, así como a la agroindustria y al Valle del Yaqui, sin que sea suficiente para abastecer nuestros terrenos cultivables.

 

A pesar de ello y de que en los discursos oficiales siempre se habla de reivindicar los derechos y velar por el desarrollo, respeto y bienestar de las comunidades indígenas, desde hace tres años vemos gravemente amenazada nuestra sobrevivencia por la construcción del Acueducto Independencia en el estado de Sonora, el cual desviará agua para abastecer a la ciudad de Hermosillo, quitándonos con ello el recurso más valioso que tenemos para subsistir.

 

Paralelamente, hemos sido constantemente sujetos de violaciones a nuestros derechos humanos,pues en ninguno de los procesos que se han llevado a cabo (la solicitud de concesión de agua, la publicación de la licitación de la obra, ni en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental) se nos ha informado ni se nos ha consultado ni se ha solicitado nuestro consentimiento, a pesar de que tenemos derechos de propiedad sobre el territorio y el derecho al 50% del caudal del agua delrío Yaqui.

 

El desprecio y la indiferencia con la que hemos sido tratados por el gobernador de Sonora,Guillermo Padrés Elías, así como por las dependencias federales como la Secretaría de MedioAmbiente y Recursos Naturales (Semarnat), nos llevó a presentar un amparo el año pasado,recibiendo una sentencia favorable en mayo de 2012, la cual fue recurrida por las autoridadesfederales.

 

Debido a la importancia y transcendencia de los temas que se ventilan en dicho juicio, ustedes, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidieron atraer el caso y esperamos su decisión en los próximos días. Es por ello que queremos atraer la atención de todo el pueblo de México y, especialmente la de ustedes, para que nos concedan la razón, nos restituyan en el goce de nuestros derechos y con ello detengan los abusos y arbitrariedades de los que hemos sido objeto no sólo nosotros en nuestra dignidad como tribu yaqui, sino las leyes mexicanas, las cuales han sido ignoradas por el gobernador Padrés, quien ha continuado con la construcción de la obra, desacatando en varias ocasiones mandatos judiciales, con la complacencia del entonces presidente Felipe Calderón.

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de los pueblos indígenas de elegir sus formas internas de convivencia y a sus autoridades de acuerdo a sus propios procedimientos y que conserven sus propias instituciones. De la norma también se desprende que los pueblos indígenas tenemos el derecho de preservar y enriquecer nuestras lenguas, conocimientos, y todos los elementos que constituyen nuestra cultura e identidad; esto es, mantener nuestra cosmovisión y acceder de forma preferente al uso y disfrute de los recursos naturales de los lugares que habitamos.

 

Por su parte, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual México es miembro, señala en su artículo 13 que “los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación”, y que término ‘tierras’ debe incluir el concepto de territorios, “lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna manera”.

 

El mismo Convenio, en su artículo 15 señala que “en caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras…”

 

Es también importante señalar que de acuerdo con el artículo 1º de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora (LDPCIS), el objeto es “garantizar el reconocimiento, preservación, fortalecimiento y defensa de los derechos, cultura y organización de los pueblos y comunidades indígenas asentadas en el estado de Sonora”, señalando posteriormente en el artículo 3 que se reconoce los derechos colectivos del pueblo yaqui (hiak), y que “tienen derecho aconservar y desarrollar su lengua, costumbres, usos, tradiciones, religión, indumentaria y en general todos aquellos rasgos culturales que los distinguen”.

 

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido criterios para garantizar la participación efectiva de los integrantes de los pueblos indígenas en los planes de desarrollo o inversión dentro de su territorio.

 

No menos importante resulta la Recomendación la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) (37/2012), la cual establece que “se contó con elementos que permitieron evidenciar transgresiones a los derechos a la legalidad, seguridad jurídica, desarrollo y trato digno, en agravio de diversos habitantes del estado de Sonora, atribuibles a servidores públicos del gobierno de esa entidad federativa, así como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por hechos consistentes en el desacato a un mandamiento judicial; por la omisión para implementar políticas públicas que propicien la prevención de conflictos sociales; y, en la omisión para salvaguardar y respetar el debido proceso, la garantía de audiencia, y específicamente el derecho a la consulta previa de los integrantes del Pueblo Yaqui”.

 

Consideramos que la decisión reviste también una importancia fundamental en términos de reconocer la importancia de que en todos los proyectos ambientales prevalezca la TRANSPARENCIA en cada paso de los procesos. Ello no sólo permitiría que el Estado pueda cumplir con mayor eficacia con su obligación de proteger y preservar los recursos naturales de la nación, sino que ayudaría a prevenir el surgimiento de conflictos sociales a los que hace referencia la CNDH.

 

Por todo lo anterior, el pueblo yaqui respetuosamente solicita a la Suprema Corte de Justica, reconozca que la autoridad ambiental ha vulnerado el derecho del Pueblo Indígena Yaqui a ACCEDER, DE MANERA AUTÓNOMA, AL USO Y DISFRUTE PREFERENTE DE LOS RECURSOS NATURALES, ASÍ COMO A SER INFORMADOS Y CONSULTADOS PREVIAMENTE SOBRE LAS ACCIONES (PÚBLICAS, SOCIALES O PRIVADOS) QUE IMPACTAN DICHOS RECURSOS. ES TIEMPO DE QUE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO MEXICANO RECONOZCAN, RESPETEN Y HAGAN VALER LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS. EN MANOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA SE ENCUENTRA LA SUPERVIVENCIA DE LA TRIBUYAQUI.

 

Agua para la vida

 

Agua para los yaquis

 

Atentamente,Autoridades tradicionales del pueblo de Vicam, primera cabecera de los ocho pueblos de la tribuyaqui:

 

Guadalupe Olea Sombras. Gobernador

Florentino Buitimea Yoquigua. Pueblo mayor

Hipólito Jiocamea Yoquigua. Comandante

Ignacio Jiménez Flores. Capitán

Mario Luna Romero. Secretario

 

Organizaciones que apoyan esta carta:

Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C.(CEMDA)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”

Centro de Análisis e Investigación (Fundar)

Iniciativa Sinaloa

Centro de Información Profesional A.C.

Kolectivo El Rebelde

Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (INICIA)

Cultura Ecológica, A.C.

Observatorio Mexicano de Derechos Humanos, A.C.

Propuesta Cívica, A. C.

Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan"

Nodo de Derechos Humanos

Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C.

Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C. (CAM)

Clemencia Correa, Profesora Posgrado de Derechos Humanos UACM

Gilberto López, INAH-Morelos

Patricia E. Zamudio Grave, Profesora-Investigadora del CIESAS-Golfo

Publicada por el CEMDA en:

http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2013/02/Carta-p%C3%BAblica-yaquis-a-los-ministros-de-la-SCJN-FINAL-1.pdf

CARTA ABIERTA DE LA TRIBU YAQUI A LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
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