NOTA INFORMATIVA - INVITACIÓN A LEER Y SOLIDARIZARSE

COMO PARTE DE UN PROCESO LLEVADO POR LA TRIBU YAQUI Y EN APOYO A ESTÉ PUEBLO INDÍGENA COMPARTIMOS LA SIGUIENTE NOTA INFORMATIVA ELABORADA POR EL CEMDA (CENTRO MEXICANO DE DERECHO AMBIENTAL), CUYO FIN ES INFORMAR Y SOLICITAR SU APOYO PARA COMPARTIR DICHA INFORMACIÓN PUES ES DE TRASCENDENCIA PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE NUESTRO PAÍS EN LA PROTECCIÓN POR LA VÍA CONSTITUCIONAL DE SUS ELEMENTOS VITALES PARA LA REPRODUCCIÓN DE SU CULTURA COMO PUEBLOS ORIGINARIOS.

LOS INVITAMOS A LEER Y LOS INVITAMOS A INVITAR A LEER.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

La tribu yaqui es un pueblo indígena del estado de Sonora, asentado originariamente a lo largo del río yaqui. El 22 de octubre de 1940 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto del Presidente Lázaro Cárdenas del 30 de septiembre de 1940 que restituye y titula el territorio a la tribu yaqui, otorgándoles el derecho al 50% del agua existente en el caudal del dicho río.

La tribu yaqui ha utilizado históricamente el agua del río para su sobrevivencia cultural y económica. Uno de los problemas que han enfrentado es el acceso al agua, cuestión que en las últimas décadas se ha agravado debido a que el caudal de agua de dicho río es bajo y la mayoría de sus escurrimientos son utilizados para surtir de agua a otras ciudades, así como a la agroindustria y al Valle del Yaqui, sin que sea suficiente para abastecer sus terrenos cultivables. 

Además de ello, el río yaqui es fundamental en la ritualidad y cosmovisión de dicha tribu, toda vez que es el principal elemento productivo del grupo, por lo que es parte de los mitos de creación y símbolo en el llamado huya ania “el mundo del monte”, lugar mítico en el que deambulan seres benignos y malignos que le dan sentido a la normatividad de ese grupo, siendo por ello de alta importancia su protección. 

Sin informar ni consentir la participación de la tribu Yaqui, en enero de 2010, el gobierno del estado de Sonora presentó el proyecto denominado Sonora Sistema Integral (Sonora Si) donde se proponían diversas obras hidráulicas para abastecer de agua a varias ciudades del estado. Entre las obras contempladas se propuso, para solucionar el problema de la ciudad de Hermosillo, un acueducto denominado Independencia que desde el río yaqui, en la presa Plutarco Elías Calles (El Novillo) trasvase 75 millones de metros cúbicos de agua anuales hasta la ciudad de Hermosillo (ubicada en la cuenca del Río Sonora).

Desde febrero de 2011, al participar en la consulta pública de este proyecto, el CEMDA señaló que la construcción de esta obra generará alteraciones a los patrones hidrológicos de la región, así como afectaciones negativas a los humedales que son abastecidos de agua por los ríos que se pretenden desviar, aunado al hecho de que la obra pone en riesgo la Región Terrestre Prioritaria (RTP) Bavispe-El Tigre, clasificada así por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), ubicada en la Cuenca del Río Yaqui, así como la Región Hidrológica Prioritaria (RHP) Río Yaqui-Cascada Basaseachic.

En mayo de 2010, la Comisión Estatal del Agua presentó la solicitud de asignación de aprovechamiento de aguas superficiales y el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, suscribió el Decreto para crear el Fondo de Operación de Obras para la construcción del Acueducto1. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de su órgano desconcentrado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), otorgó en julio de 2010, 50 millones de metros cúbicos de agua para la construcción del Acueducto Independencia. Ese mismo mes se publicó la convocatoria para licitar la construcción del acueducto2; esto a pesar de la suspensión dictada por la Juez Octavo de Distrito con residencia en Sonora3. 

En noviembre de 2010, fue ingresada a Semarnat para su evaluación la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la construcción del Acueducto Independencia4, la cual fue autorizada por la dependencia5. 

Cabe señalar que en ninguno de los procesos antes descritos –concesión de agua por parte de Conagua, publicación de la licitación y procedimiento de evaluación de impacto ambiental- se cumplió con lo que establece la ley respecto de la obligación de informar y buscar el consentimiento de las comunidades indígenas. 

Fue entonces que, ante todas las violaciones anteriormente descritas, la tribu yaqui decidió presentar una demanda de amparo6., recibiendo una sentencia favorable en mayo de 2012, la cual fue recurrida por las autoridades federales. Debido a la importancia y transcendencia de los temas que se ventilan en dicho juicio, la SCJN decidió atraer el asunto7.

Actualmente el Acueducto ha sido construido parcialmente y en noviembre de 2012 el entonces Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, participó en la puesta en marcha de su prueba de operación8, a pesar de la existencia de diferentes acciones judiciales en trámite, de sentencias de amparo que ordenan reponer el procedimiento de evaluación de impacto ambiental; de la Recomendación de la CNDH que se manifiesta en contra de la construcción de tal obra, así como de múltiples protestas públicas.

La CNDH confirma en su Recomendación9 las denuncias que han presentado productores agrícolas y organizaciones de la sociedad civil, respecto de que el gobierno de Sonora ha incurrido en violaciones a la ley al incurrir en franco desacato de órdenes judiciales, además de que ha sido omiso “para salvaguardar y respetar el debido proceso, la garantía de audiencia y, específicamente, el derecho a la consulta previa de los integrantes del pueblo yaqui”. 

De igual forma, la Comisión establece que “contó con elementos que permitieron evidenciar transgresiones a los derechos a la legalidad, seguridad jurídica, desarrollo y trato digno, en agravio de diversos habitantes del estado de Sonora, atribuibles a servidores públicos del gobierno de esa entidad federativa, así como de la Semarnat, por hechos consistentes en el desacato a un mandamiento judicial”.

Más grave aún resulta la preocupación advertida por este organismo nacional en torno a que “una inadecuada atención a la problemática social derivada de la instrumentación del proyecto denominado Acueducto Independencia, a cargo del gobierno del estado de Sonora, pueda ser el detonante de un conflicto social, sobre todo por la indebida diligencia que ese gobierno ha mostrado durante el desarrollo del proyecto hídrico a los agraviados”.

Además de la Tribu Yaqui, los residentes de Ciudad Obregón, habitantes de otros Municipios localizados río abajo a lo largo del Yaqui y pobladores del Valle del Yaqui, han interpuesto diversas acciones: 
a. Seis juicios de amparo promovidos por productores agrícolas y un núcleo ejidal 
b. Dos controversias constitucionales promovidas por los Municipios de Cajéeme y San Ignacio Rio Muerto
c. Dos averiguaciones previas por el delito de abuso de autoridad previsto por el artículo 206 de la ley de amparo (desacato) 

Se espera que en la primera semana de febrero la Suprema Corte de Justicia discuta el caso y emita una sentencia al respecto, lo cual sentará un importante precedente en materia de defensa y protección de los derechos humanos de información, participación y consulta de las comunidades indígenas en todo el país. 

Principales Argumentos para confirmar la sentencia del Juez de Distrito
• El derecho al autoreconocimiento de los pueblos indígenas: el art. 2 constitucional reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural y para acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. El mismo artículo señala que en cualquier juicio administrativo o judicial se deben tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales. 

• El artículo 1.2 del Convenio 169 de la OIT reconoce la autoidentificación de los pueblos indígenas como un criterio fundamental. Analizando dicho Convenio, la CIDH ha resaltado que el “criterio de autoidentificación es el principal para determinar la condición de indígena, tanto individual como colectivamente en tanto pueblos.”

• El carácter de autoridades tradicionales de los quejosos. El artículo 2 constitucional explicita el derecho de los pueblos indígenas a elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno. 

• El derecho a la consulta de los pueblos indígenas: el Convenio 169 reconoce el derecho a la consulta de los pueblos indígenas frente a cualquier acto o permiso, otorgado o permitido por el Estado, que pueda afectarlos, sobre todo si restringe su derecho a la propiedad sobre su territorio y sobre sus recursos naturales. 

• El Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) (previsto en los artículos 28 a 35bis3 de la LGEEPA) no contempla mecanismos eficaces de notificación, información y consulta, conforme al Convenio 169 y al artículo 2 constitucional. 

• El derecho al consentimiento libre previo e informado10. 

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1 Boletín Oficial del estado de Sonora, 3 de junio de 2010.
2 Licitación No. 55201001-001-10. 28 de julio de 2010.
3 Juicio de amparo 865/2010, fallado el 6 de octubre de 2010.
4 Oficio FOOSSI-19/018
5 Oficio S.G.P.A.-DGIRA.-DG.-1633/11. 23 de febrero de 2011.
6 Juicio de Amparo 461/2011 – Cuaderno Auxiliar 106/2012-III
7 Recurso de Revisión 631/2012. Mediante auto del 16 de octubre de 2012, la SCJN ejerció la facultad de atracción, turnándose el expediente para su estudio y resolución a la Primera Sala a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
http://www.debate.com.mx/eldebate/noticias/default.asp?IdArt=12714115&IdCat=17303
9 Recomendación No. 37/2012 sobre el caso del proyecto “Acueducto Independencia”, en el estado de Sonora.México, D.F., a 9 de agosto de 2012. (http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2012/08/Recomendación-37-2012-2.pdf )
10 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha determinado que cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala, que tengan un mayor impacto dentro del territorio indígena, el Estado tiene la obligación, no sólo de consultar al pueblo indígena, sino también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de éstos, según sus costumbres y tradiciones. (Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, par. 129 y 133).
Asimismo, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas de la ONU determinó que “[e]s esencial el consentimiento libre, previo e informado para la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en relación con grandes proyectos de desarrollo”( ONU, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, presentado de conformidad con la resolución 2001/65 de la Comisión (quincuagésimo novena sesión), ONU Doc. E/CN.4/2003/90, 21 de enero de 2003, párr. 66).
El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial ha observado que “[e]n cuanto a la explotación de los recursos que yacen en el subsuelo en tierras tradicionales de comunidades indígenas, el Comité observa que la mera consulta con estas comunidades no es suficiente para cumplir con los requisitos establecidos por el Comité en su Recomendación General XXIII sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El Comité, por lo tanto, recomiendo que se obtenga el consentimiento previo e informado de dichas comunidades”. (Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, Consideraciones de los Informes psentados por los Estados Partes conforme al artículo 9 de la Convención. Observaciones Finales respecto del Ecuador (sesión sesenta y dos, 2003), ONU Doc. CERD/C/62/CO/2, 2 de junio de 2003, párr. 16)

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www.cemda.org.mx
Margarita Campuzano/ mcampuzano@cemda.org.mx
Ricardo Ruiz Esparza/ ricardo_ruiz@cemda.org.mx
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