Ciudad de México a 18 de junio de 2013.

C. Miguel Ángel Osorio Chong

Secretario

Secretaría de Gobernación

P R E S E N T E

 

Asunto: Preocupación por la situación de dos integrantes de la Tribu Yaqui,

Sonora, México

 

Por medio de  la presente, las organizaciones abajo firmantes externamos nuestra preocupación y rechazo ante las declaraciones del procurador de justicia del estado de Sonora, Carlos Navarro Sugich, quien informó a los medios de comunicación la existencia de una averiguación previa en contra de Mario Luna Romero, secretario de las autoridades tradicionales del pueblo de Vicam, primera cabecera de los ocho pueblos de la tribu yaqui, y de Tomas Rojo, encargado de la tribu yaqui para el asunto del Acueducto Independencia, por el delito de secuestro[1].

 

Estas declaraciones del procurador preocupan por el señalamiento directo y personal hacia los dos integrantes de la tribu yaqui, Mario Luna y Tomas Rojo, quienes se han distinguido por ser los voceros de la  tribu, en el tema del trasvase ilegal del agua del río Yaqui que se pretende realizar con el Acueducto Independencia.

 

Recientemente, Mario Luna y Tomas Rojo ofrecieron declaraciones a la prensa para celebrar el fallo de la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la cual se confirmó la sentencia del Juzgado de Distrito que ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dejar sin efecto la autorización de impacto ambiental del Acueducto Independencia por haber sido emitida violando los derechos a la consulta y a la información de la Tribu Yaqui.

 

Según los medios de comunicación el procurador, al señalar que hay una denuncia de secuestro en contra de Mario Luna y Tomás Rojo, declaró que:

El asunto está investigándose y se conoce que hay un grupo de personas encabezadas por Tomás Rojo y otra persona de apellido Luna, señalados como los responsables de la privación ilegal de la libertad de una persona de nombre Francisco Delgado Romo, quien es miembro de la etnia yaqui, pero ello no es importante.”[2]

 

Existe preocupación fundada de que detrás de estas declaraciones exista la intención de hacer un uso indebido del sistema de justicia penal en México para perseguir a los líderes del movimiento social de la tribu yaqui que se oponen a la realización del megaproyecto hidráulico Acueducto Independencia que pretende transportar a la cuenca del Rio Sonora el agua del río Yaqui, la cual pertenece en un 50% a la Tribu.

 

Cabe recordar que el Acueducto Independencia está siendo construido en desacato de órdenes judiciales que suspenden la construcción debido a la demanda interpuesta ante el Poder Judicial de la Federación por un grupo de agricultores del sur de Sonora, debido a  las irregularidades en el procedimiento de otorgamiento de los permisos administrativos.[3]

 

Más aún, resulta muy grave y preocupante que el procurador Navarro desconozca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en especial los artículos constitucionales que facultan los pueblos indígenas para “aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos,”[4] y decida dar trámite a una averiguación previa y realizar declaraciones respecto de un procedimiento que se debe llevar en supuesta confidencialidad para salvaguardar la integridad de la investigación. Según lo manifestado por Mario Luna, el sábado pasado, la guardia tradicional, de acuerdo con sus usos y costumbres, aprehendió a una persona que se identificó como integrante de la tribu yaqui por haber chocado con un automóvil al intentar huir luego de estar a punto de atropellar a una niña y a una mujer, y por conducir en estado de ebriedad. Se recuerda que Mario Luna es secretario de las autoridades tradicionales de la tribu yaqui; por lo tanto, está encargado de la traducción y toma de acuerdos de las decisiones de éstas.

 

Asimismo, la criminalización de los principales líderes de la tribu yaqui en el asunto del Acueducto Independencia polariza la, ya de por sí, tensa situación que se creó a raíz del incumplimiento de las diversas órdenes judiciales por parte del gobierno del estado de Sonora. Desde hace algunos días, integrantes de la tribu yaqui y del movimiento No al Novillo están manifestándose en la carretera federal entre Ciudad Obregón y Hermosillo, Sonora, para exigir el cumplimiento de las órdenes judiciales y de la reciente sentencia de la Primera Sala de la SCJN.

 

Es importante recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su Recomendación 37/2012 del año pasado sobre el caso, apuntó directamente al gobierno del estado de Sonora señalando -además de las violaciones de derechos humanos que éste había cometido-, la necesidad de que “… en el diseño de sus estrategias para resolver la problemática sobre el acceso al agua en la citada entidad federativa, efectivamente garantice que todos tengan acceso al recurso sin importar la región en la que vivan; y también sin que se genere la percepción de que se está privilegiando a una zona sobre la otra.”[5]

 

Cabe mencionar que, en la misma recomendación, en relación con la implementación de políticas de desarrollo, la CNDH recuerda que “… es necesario que se identifiquen los obstáculos políticos, económicos e institucionales; es decir, aquellas barreras y razones estructurales que impidan el desarrollo social, así como las fuentes de conflicto existentes, escuchando a la gente, proporcionándoles un trato digno a fin de prestar la atención necesaria a las alertas tempranas (manifestaciones públicas que se pueden tornar violentas) e identificar soluciones efectivas, incluyendo mecanismos para mediar la falta de acuerdo y con ello evitar que se genere violencia, a escala micro o macro, lo cual finalmente conlleva altos costos humanos y económicos.” [6]

 

Por todas las razones anteriormente expuestas, solicitamos al Estado mexicano la más amplia protección y prevención ante cualquier agresión, ataque, encarcelamiento y detención que pudieran sufrir Mario Luna y Tomas Rojo y los demás integrantes de la tribu yaqui. En ese sentido, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, reconociendo la necesidad urgente de abordar y de tomar medidas concretas para prevenir y detener el uso de la legislación para obstaculizar o limitar indebidamente la capacidad de los defensores de los derechos humanos para ejercer su labor, entre otras cosas mediante la revisión y, en su caso, la modificación de la legislación pertinente y su aplicación a fin de asegurar el cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos, ha destacado que “las leyes que afectan a las actividades de los defensores de los derechos humanos y su aplicación deben ser compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos”[7].

 

Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos a la consideración y respuesta de esta comunicación.

 

Atentamente,

 

Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos A.C. (ACUDDEH)

Arkemetria Social A.C.

Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" A.C.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD)

Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C.

Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)

Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (CENCOS)

Ciudadanos en Medios. Democracia e Información A.C.

Colectivo Ecologista Jalisco, A.C.

Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C.

Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C.

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.

Instituto para la Defensa del Interés Público, A.C.,

ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C.

Propuesta Cívica, A. C.

Servicio y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)

SMR, Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados

 

Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) conformada por: Agua, Trabajo, Servicio y Vida A.C., Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL, A.C.), Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS, A.C.), Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C., Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C., Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara (CESEM), Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI), Colectivo Educación para la Paz y Derechos Huma¬nos (CEPAZ DH), Colectivo de Estudios Críticos en Derecho (RADAR), Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA A.C.), Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), DECA Equipo Pueblo A.C., Enlace Rural Regional A.C. (ERRAC), Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), Food First Information and Action Network sección México (FIAN México), Guardianes de los Volcanes A.C., Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), Otros Mundos – Amigos de la Tierra, Red Género y Medio Ambiente (RGEMA), Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), Sindicato de Empleados Públicos del Sistema In¬termunicipal de Agua y Alcantarillado de Guadalajara (SEPSIAPA), Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) y como Aliado internacional: Oficina para América Latina de la Coalición Inter¬nacional para el Hábitat (HIC-AL)

 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 73 organizaciones en 21 estados de la República): Agenda LGBT (Estado de México), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C. (Jacala, Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino”. (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (DF); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BCS.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. - KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.(Codigodh A.C); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. 4 (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); El Caracol A.C (Distrito Federal); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, - Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

 

 

c.c.p. Raúl González Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

c.c.p. Juan N. Silva Meza, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal

c.c.p. Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

c.c.p. Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de Naciones Unidas

c.c.p. José de Jesús Orozco Henríquez, Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

c.c.p. Guillermo Padrés Elía, Gobernador del Estado de Sonora

c.c.p. Carlos Navarro Sugich, Procurador de Justicia del Estado de Sonora

c.c.p. Rupert Knox, Secretariado Internacional de Amnistía Internacional

c.c.p. Kenneth Roth, Director Ejecutivo de Human Rights Watch

c.c.p. Javier Hernández, Representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.



[4]Articulo 2 Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

[5]CNDH, Recomendación 37/2012, par. 99

[6]CNDH, Recomendación 37/2012, par. 90

[7]Resolución A/HRC/22/L.13, Consejo de Derechos Humanos, 22º período de sesiones, 15 de marzo de 2013, visible en http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/LTD/G13/120/29/PDF/G1312029.pdf?OpenElement