CARTA A SECRETARIA DE GOBERNACIÓN

México, D. F. a 20 de junio de 2013

 

 

C. Miguel Ángel Osorio Chong

Secretario de Gobernación

 

 

Como integrantes de la sociedad civil, pueblos indígenas, organizaciones y colectivos manifestamos mediante la siguiente misiva, nuestro rechazo a las acciones llevadas a cabo por el gobierno de Sonora y su titular, Guillermo Padrés Elías en referencia a la construcción de la obra denominada Acueducto Independencia, acciones que han demostrado que Sonora no tiene gobernador, ante la violación al Estado de Derecho y la negativa de acatar órdenes de Tribunales Locales, Regionales y Federales que protegen a la Tribu yaqui por no ser consultada previamente en la pretensión de desviar las aguas del Río Yaqui a la Ciudad de Hermosillo.

 

La Tribu Yaqui, desde el año de 2010, ha manifestado su oposición al Acueducto Independencia pues se anunció, proyecto, licitó y construyó sin tomar en cuenta las denuncias presentadas por el despojo del agua necesaria para la sobrevivencia de las comunidades yaquis, al no contar con dicha agua, los cultivos se reducirán, más poblaciones se quedaran sin ella para consumo y la contaminación salina, al no tener la barrera natural del río, contaminará acuíferos y tierras de gran potencial agrícola.

 

En consecuencia, las Autoridades Tradicionales del Pueblo de Vícam, Primera Cabecera de los Ocho Pueblos Yaquis, confiaron en las instituciones del Estado Mexicano y las leyes que de ella emanan, así como las ratificadas en el Derecho Internacional, cuyo resultado consistió en obtener una Medida Cautelar en el Juicio de Restitución de Aguas en el Tribunal Unitario Agrario no 35 de Ciudad Obregón, así como el amparo 461/2011 otorgado por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora a favor de la Tribu Yaqui y resuelto definitivamente por el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región en Culiacán, Sinaloa. Amparo que deja sin efecto el Manifiesto de Impacto Ambiental, emitido por SEMARNAT  en febrero de 2011 mediante el oficio S.G.P.A.-DGIRA.-DG.-1633/11.

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso, ante el recurso de revisión interpuesto por SEMARNAT, en el expediente 631/2012 resuelto el día 8 de mayo del presente en la Primera Sala, donde se ratifica la sentencia recurrida y se otorga el amparo y protección del Estado Mexicano a la Tribu Yaqui. Mediante un comunicado de prensa, la SEMARNAT informó ese mismo día acatar la resolución. Por su parte, el gobierno de Sonora desconoció, a través de los medios de comunicación, que tal sentencia no incidía en la operación del Acueducto Independencia, declarando en todo momento que la obra no se iba a detener.

 

Otro hecho tan importante como el anterior es la acción del mismo gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, quien en conjunto con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Estatal de Aguas, organismos desconcentrados de la SEMARNAT, ejecutaron el trasvase de las aguas del Río Yaqui almacenadas en la Presa Plutarco Elías Calles “El Novillo” mediante la operación del citado Acueducto Independencia para conducirlas a un reservorio cuya función es su traslado a Hermosillo. Ello pese a no contar con los permisos necesarios para el trasvase, según lo señalado el 10 de abril por David Korenfeld, director de la CONAGUA, al gobernador Guillermo Padrés Elías.

 

La impunidad que desde un principio caracterizó al Acueducto Independencia, el Fondo de Operaciones Sonora SI y a Guillermo Padrés Elías, han provocado una serie de movilizaciones en todo el sur de Sonora y una trasformación en la geografía electoral, pese a ello, la sociedad no ha percibido ningún cambio a su favor por parte de las autoridades, instituciones y dependencias del Estado Mexicano, por el contrario, aumenta el desconsuelo al no sentirse escuchados en sus demandas pese a estar dentro del margen de las leyes mexicanas.

 

Las movilizaciones aumentan a medida que crece el desconocimiento, omisión y negativa del gobierno Estatal y Federal por diálogos fructíferos y acciones concretas contra quienes bajo la protección de un cargo federal, violan la ley, los derechos humanos y las disposiciones de protección al ambiente. Ello ha provocado el aumento de la tensión social, aspecto que ha sido documentado y advertido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su recomendación 37/2012.

 

De nueva cuenta, la Tribu Yaqui y la sociedad civil de siete municipios al sur de Sonora, han manifestado su repudio y el llamado a restablecer el estado de derecho, violentado por el gobierno de Sonora. Desde el 28 de mayo, con la megamarcha en Ciudad Obregón, iniciaron bloqueos en los accesos principales al municipio de Cajeme, posteriormente trasladados al pueblo de Vícam, donde la Tribu Yaqui, consciente de que su Territorio y todo lo contenido en él les pertenece por decreto presidencial, se manifiesta desde la carretera internacional no 15, México-Nogales, la cual ha sido tomada en las dos direcciones hasta la solución de sus demandas.

 

La Tribu Yaqui ha manifestado dichas demandas por distintos medios, en cartas a la Secretaria de Gobernación, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como desplegados dirigidos a la presidencia de la República, en entrevistas a medios locales y nacionales, pero hasta la fecha no hay respuesta del Gobierno Federal, cuyo representante en la presidencia del país no ha cumplido las promesas de campaña hechas cuando busco el voto al sur de Sonora.

 

Los manifestantes de la Tribu Yaqui de los Ocho Pueblos Tradicionales han resistido por varios días las altas temperaturas del desierto sonorense, el acoso de la policía estatal y una campaña de desprestigio del gobierno de Sonora a través de los medios de comunicación locales, al grado de criminalizar su derecho a protestar en su propio territorio, principalmente a los voceros Mario Luna Romero y Tomás Rojo Valencia, quienes en todo momento han dado a conocer la voz y mandatos de las Autoridades Tradicionales de acuerdo a la organización, autonomía y gobierno interno que tiene la Tribu desde tiempos inmemoriales.

 

Por lo señalado anteriormente, los firmantes solicitamos al Estado Mexicano, dependencia e instituciones lo siguiente:

 

  • Reconocimiento y respeto a los derechos de la Tribu Yaqui como pueblo indígena y los suscritos por el Estado Mexicano en las resoluciones presidencial de 1937 y 1940 firmadas con Lázaro Cárdenas.
  • Alto a la extracción del agua del Río Yaqui realizado por CONAGUA y la restitución de los daños provocados por el trasvase de la Presa El Novillo a la Ciudad de Hermosillo.
  • Intervención de las Autoridades Ambientales para detener todo acto de hecho y derecho sobre las aguas del Río Yaqui
  • Alto a la criminalización de los manifestantes del bloqueo realizado en la carretera Internacional 15 a la altura del poblado de Vícam, Territorio Yaqui.

 

En espera de una respuesta a la presente carta, agradecemos su atención.

 

Atentamente*.


* LA CARTA FUE SUSCRITA POR PERSONAS PRESENTES EN LA MANIFESTACIÓN Y LAS QUE ENVIARON SU FIRMA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO.

OTRA CARTA DIRIGIDA A GOBERNACIÓN POR OTRAS ORGANIZACIONES EN: