LA ILEGAL OBRA:

ACUEDUCTO INDEPENDENCIA

La tribu yaqui es un pueblo indígena del estado de Sonora, asentado originariamente a lo largo del río yaqui. El 22 de octubre de 1940 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto del Presidente Lázaro Cárdenas del 30 de septiembre de 1940 que restituye y titula el territorio a la tribu yaqui, otorgándoles el derecho al 50% del agua existente en el caudal del dicho río.

 

La tribu yaqui ha utilizado históricamente el agua del río para su sobrevivencia cultural y económica. Uno de los problemas que han enfrentado es el acceso al agua, cuestión que en las últimas décadas se ha agravado debido a que el caudal de agua de dicho río es bajo y la mayoría de sus escurrimientos son utilizados para surtir de agua a otras ciudades, así como a la agroindustria y al Valle del Yaqui, sin que sea suficiente para abastecer sus terrenos cultivables.

 

Además de ello, el río yaqui es fundamental en la ritualidad y cosmovisión de dicha tribu, toda vez que es el principal elemento productivo del grupo, por lo que es parte de los mitos de creación y símbolo en el llamado huya ania “el mundo del monte”, lugar mítico en el que deambulan seres benignos y malignos que le dan sentido a la normatividad de ese grupo, siendo por ello de alta importancia su protección.

 

Sin informar ni consentir la participación de la tribu Yaqui, en enero de 2010, el gobierno del estado de Sonora presentó el proyecto denominado Sonora Sistema Integral (Sonora Si) donde se proponían diversas obras hidráulicas para abastecer de agua a varias ciudades del estado. Entre las obras contempladas se propuso, para solucionar el problema de la ciudad de Hermosillo, un acueducto denominado Independencia que desde el río yaqui, en la presa Plutarco Elías Calles (El Novillo) trasvase 75 millones de metros cúbicos de agua anuales hasta la ciudad de Hermosillo (ubicada en la cuenca del Río Sonora).

 

En varios foros, se señaló que la construcción de esta obra generará alteraciones a los patrones hidrológicos de la región, así como afectaciones negativas a los humedales que son abastecidos de agua por los ríos que se pretenden desviar, aunado al hecho de que la obra pone en riesgo la Región Terrestre Prioritaria (RTP) Bavispe-El Tigre, clasificada así por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), ubicada en la Cuenca del Río Yaqui, así como la Región Hidrológica Prioritaria (RHP) Río Yaqui-Cascada Basaseachic.

 

En mayo de 2010, la Comisión Estatal del Agua presentó la solicitud de asignación de aprovechamiento de aguas superficiales y el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, suscribió el Decreto para crear el Fondo de Operación de Obras para la construcción del Acueducto[1].

 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de su órgano desconcentrado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), otorgó en julio de 2010, 50 millones de metros cúbicos de agua para la construcción del Acueducto Independencia. Ese mismo mes se publicó la convocatoria para licitar la construcción del acueducto[2]; esto a pesar de la suspensión dictada por la Juez Octavo de Distrito con residencia en Sonora[3].

 

En noviembre de 2010, fue ingresada a Semarnat para su evaluación la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la construcción del Acueducto Independencia[4], la cual fue autorizada por la dependencia[5].

 

Cabe señalar que en ninguno de los procesos antes descritos –concesión de agua por parte de Conagua, publicación de la licitación y procedimiento de evaluación de impacto ambiental- se cumplió con lo que establece la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos respecto de la obligación de informar, consultar y buscar el consentimiento de las comunidades indígenas.

 

Fue entonces que, ante todas las violaciones anteriormente descritas, la tribu yaqui decidió presentar una demanda de amparo[6], recibiendo una sentencia favorable en mayo de 2012, la cual fue recurrida por las autoridades federales. Debido a la importancia y transcendencia de los temas que se ventilan en dicho juicio, la SCJN decidió atraer el asunto[7], resolviéndolo el pasado 8 de mayo de 2013, confirmando la sentencia del juez de distrito a favor de la Tribu Yaqui.

 

Asimismo, la CNDH en agosto de 2012 emitió la Recomendación 37/2012[8] donde confirma las denuncias que han presentado productores agrícolas y organizaciones de la sociedad civil, respecto de que el gobierno de Sonora ha incurrido en violaciones a la ley al incurrir en franco desacato de órdenes judiciales, además de que ha sido omiso “para salvaguardar y respetar el debido proceso, la garantía de audiencia y, específicamente, el derecho a la consulta previa de los integrantes del pueblo yaqui”. 

 

De igual forma, la Comisión establece que “contó con elementos que permitieron evidenciar transgresiones a los derechos a la legalidad, seguridad jurídica, desarrollo y trato digno, en agravio de diversos habitantes del estado de Sonora, atribuibles a servidores públicos del gobierno de esa entidad federativa, así como de la Semarnat, por hechos consistentes en el desacato a un mandamiento judicial”.

 

Más grave aún resulta la preocupación advertida por este organismo nacional en torno a que “una inadecuada atención a la problemática social derivada de la instrumentación del proyecto denominado Acueducto Independencia, a cargo del gobierno del estado de Sonora, pueda ser el detonante de un conflicto social, sobre todo por la indebida diligencia que ese gobierno ha mostrado durante el desarrollo del proyecto hídrico a los agraviados”.

La recomendación ha sido aceptada por parte de la SEMARNAT y por parte del Gobierno del Estado de Sonora, pero no ha sido cumplida.

 

Actualmente el Acueducto ha sido construido parcialmente y en noviembre de 2012 el entonces  Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, participó en la puesta en marcha de su prueba de operación[9], a pesar de la existencia de diferentes acciones judiciales en trámite, de sentencias de amparo que ordenan reponer el procedimiento de evaluación de impacto ambiental; de la Recomendación de la CNDH que se manifiesta en contra de la construcción de tal obra, así como de múltiples protestas públicas.

 

Además de la Tribu Yaqui, los residentes de Ciudad Obregón, habitantes de otros Municipios localizados río abajo a lo largo del Yaqui y pobladores del Valle del Yaqui, han interpuesto diversas acciones:

  1. Seis juicios de amparo promovidos por productores agrícolas y un núcleo ejidal
  2. Dos controversias constitucionales promovidas por los Municipios de Cajéeme y San Ignacio Rio Muerto
  3. Dos averiguaciones previas por el delito de abuso de autoridad previsto por el artículo 206 de la ley de amparo (desacato)

 

 



[1]Boletín Oficial del estado de Sonora, 3 de junio de 2010.

[2]Licitación No. 55201001-001-10. 28 de julio de 2010.

[3]Juicio de amparo 865/2010, fallado el 6 de octubre de 2010.

[4]Oficio FOOSSI-19/018

[5]Oficio S.G.P.A.-DGIRA.-DG.-1633/11. 23 de febrero de 2011.

[6]Juicio de Amparo 461/2011 – Cuaderno Auxiliar 106/2012-III

[7]Recurso de Revisión 631/2012. Mediante auto del 16 de octubre de 2012, la SCJN ejerció la facultad de atracción, turnándose el expediente para su estudio y resolución a la Primera Sala a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

[8]Recomendación No. 37/2012 sobre el caso del proyecto “Acueducto Independencia”, en el estado de Sonora. México, D.F., a 9 de agosto de 2012. (http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2012/08/Recomendación-37-2012-2.pdf )

[9]http://www.debate.com.mx/eldebate/noticias/default.asp?IdArt=12714115&IdCat=17303

OTRAS ACCIONES PROMOVIDAS CONTRA EL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA

ACCIONES PROMOVIDAS PARA LA DEFENSA DEL AGUA DE LA CUENCA DEL RÍO YAQUI

(3 de junio de 2013)

 

Existen siete juicios de amparo:

Un juicio de amparo promovido por la Tribu Yaqui ante el Juzgado Décimo de Distrito de Hermosillo, Sonora, bajo expediente 461/2011, combate la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Dirección General de Impacto Ambiental el día 23 de febrero de 2011. Este juicio cuenta con resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la cual se confirma el amparo concedido por el Juzgado Décimo de Distrito de Hermosillo y se declara insubsistente la resolución en materia de impacto ambiental mencionada. El amparo en revisión ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue radicado bajo expediente 631/2012.

Tres juicios de amparo promovidos por asociaciones de productores agrícolas, en contra de la construcción del Acueducto Independencia. Dichos juicios se encuentran radicados en el Juzgado Octavo de Distrito en Ciudad Obregón, Sonora, bajo números de expedientes: 865/2010, 892/2010 y 1021/2010. Los dos primeros, se encuentran actualmente en trámite mientras que el último cuenta con sentencia de primera instancia.

Dos juicios de amparo, promovidos también por productores agrícolas, mismos que combaten la asignación de derechos de agua realizada por el Organismo de Cuenca Noroeste de CONAGUA a la Comisión Estatal del Agua en Sonora. Estos juicios también se encuentran radicados en el Juzgado Octavo de Distrito, bajo expedientes 863/2010 y 1206/2010, ambos con sentencia de primera instancia. (Atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se explica más adelante)

Finalmente, un juicio de amparo en materia agraria, actualmente en trámite ante el Juzgado Octavo de Distrito, bajo número de expediente 254/2012, contra la construcción del Acueducto Independencia, la asignación de derechos de agua de el Organismo de Cuenca Noroeste a la Comisión Estatal del Agua y la autorización favorable en materia de impacto ambiental mencionada anteriormente.

Dos controversias constitucionales:

Los municipios de San Ignacio Río Muerto y Cajeme, promovieron controversias constitucionales en contra de los actos de la Federación y del Estado de Sonora encaminados a la construcción y operación del Acueducto Independencia, al poner en riesgo el agua para consumo humano y la sustentabilidad ambiental y socioeconómica de dichos municipios. Actualmente, ambas controversias constitucionales se encuentran en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo los números de expedientes 94/2012 y 109/2012, respectivamente.

 

AMPAROS EN REVISIÓN ATRAÍDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

461/2011 del Juzgado Décimo de Distrito en Hermosillo, Sonora, atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el día 6 de agosto de 2012, radicándose bajo el número de expediente 631/2012. En este juicio se concedió el amparo a la quejosa dejándose insubsistente el resolutivo favorable en materia de impacto ambiental emitido por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental el día 23 de febrero de 2011, por haberse violado la garantía de audiencia al Pueblo de Vícam de la Tribu Yaqui. El día 8 de mayo de 2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó, por unanimidad de votos, la resolución que concede el amparo a la Tribu Yaqui, dejando insubsistente la resolución de impacto ambiental de fecha 23 de febrero de 2011.

863/2010 y 1206/2010 del Juzgado Octavo de Distrito en Ciudad Obregón, Sonora, atraídos por la Primera Sala de la SCJN el día 3 de abril de 2013. El ministro ponente es Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. La decisión de atraer dichos juicios se resolvió dentro del expediente 372/2012 (facultad de atracción). En estos juicios se concedió el amparo a las quejosas para el efecto de que se dejen insubsistentes los procedimientos administrativos y por ende las asignaciones de agua a favor de la Comisión Estatal del Agua, amparadas en los títulos 02SON150083/09HBDA10 y 02SON150085/09HBDA10 y demás consecuencias que de ellos se deriven, para el efecto de que se conceda y respete la garantía de audiencia de la quejosa.

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES

94/2012 promovida por el Municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora, el día 11 de septiembre de 2012. Esta controversia se encuentra radicada en el Pleno de la SCJN y el ministro instructor es Jorge Mario Pardo Rebolledo.

109/2012 promovida por el Municipio de Cajeme, Sonora, el día 29 de octubre de 2012. Esta controversia se encuentra también radicada en el Pleno de la SCJN y el ministro instructor es el mismo.

DESACATOS EN QUE HAN INCURRIDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR LA VIOLACIÓN A SUSPENSIONES CONCEDIDAS EN LOS JUICIOS DE AMPARO DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA.

En el juicio de amparo 865/2010 se violó la suspensión provisional por haberse dictado el fallo de la licitación y adjudicado la obra del Acueducto Independencia. Esta circunstancia fue resuelta así en el incidente de desacato mediante resolución de fecha 14 de marzo de 2011, misma que fue confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, mediante resolución del día 14 de julio de 2011, dictada en el recurso de queja 17/2011. Como consecuencia de esta resolución, actualmente se sigue un proceso penal en contra del Coordinador General de una de las autoridades responsables, Fondo de Operación de Obras Sonora SI, bajo la causa penal 257/2012 del Juzgado Segundo de Distrito en Hermosillo, Sonora, dentro de la cual se dictó sentencia condenando al C. Enrique Martínez Preciado a un año de prisión, a un año de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y una sanción pecuniaria. El resto de los miembros del Consejo Directivo de dicho Fondo, son también responsables del desacato al haber desobedecido la suspensión en su calidad de superiores jerárquicos, por lo que se encuentra pendiente su consignación ante el juez penal.

En el juicio de amparo 1021/2010 se concedió la suspensión provisional también para el efecto de que no se dictara el fallo de la licitación del Acueducto Independencia y no se adjudicara la obra, por lo cual la circunstancia de que actualmente se continúe con su construcción y se haya puesto en operación la mencionada obra, representa también un desacato a la medida cautelar concedida en este juicio.

En el juicio de amparo 863/2010 existe una suspensión definitiva para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban, lo cual significa que las autoridades responsables deben abstenerse de extraer agua de la Presa Plutarco Elías Calles para conducirla a través del Acueducto Independencia a la ciudad de Hermosillo. La resolución que concede la suspensión definitiva fue confirmada el día 12 de noviembre de 2012, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, en el recurso de revisión 233/2012.

En el juicio de amparo agrario número 254/2012, se decretaron suspensiones de plano mediante autos de fechas 20 de marzo y 9 de mayo de 2012, para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban en relación a la ejecución de los actos reclamados, que en el caso particular, lo son: los títulos de asignación de derechos de agua a favor de la Comisión Estatal del Agua de Sonora por el Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua; la construcción y operación del Acueducto Independencia, y; el resolutivo favorable en materia de impacto ambiental emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales el día 23 de febrero de 2011. Estas medidas cautelares también impiden continuar con la construcción y operación del Acueducto Independencia, así como extraer agua de la Presa Plutarco Elías Calles “El Novillo”.