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El pueblo Yaqui espera en pie de lucha a que la Suprema Corte evite que el Gobierno de Sonora le quite el agua

Por: Shaila Rosagel - febrero 5 de 2013 - 0:00

Un pueblo del desierto lucha porque el gobierno no le arrebate su agua. La tribu Yaqui libra una nueva batalla, pero sin fusiles ni a salto de mata, ahora su pelea es en el tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ciudad de México, 5 de feb (SinEmbargo).– 

 

Los colonizadores no pudieron someter a la etnia de hombres y mujeres sonorenses, curtidos por el sol y de piernas y brazos largos. Porfirio Díaz los asesinó en los campos de Henequén de Yucatán. Ellos pelearon por su vida y territorio y se armaron y resguardaron en las montañas. Pero después del porfiriato su resistencia no terminó. A lo largo de los años y de los gobiernos modernos, la etnia se ha manifestado en contra del despojo. En esta ocasión sostiene desde 2010 la defensa de la Cuenca del Río Yaqui en contra del proyecto Acueducto Independencia de Guillermo Padrés Elías, actual gobernador de Sonora. Hoy están a punto de lograr lo que pocos indígenas: Que la Suprema Corte falle a su favor, después de que atrajo un juicio de amparo que la tribu interpuso en mayo de 2011 en contra de la autorización condicionada que emitió en febrero de ese año la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la construcción de la obra considerada como la más importante del gobierno de Padrés. La obra, que tiene un costo de 3 mil 860 millones de pesos, inició su construcción a finales de 2010 para llevar 75 millones de metros cúbicos de agua anuales del Río Yaqui, en la presa Plutarco Elías Calles (El Novillo) hasta la ciudad de Hermosillo a través de 172 kilómetros de tubería de acero. Andrea Ulisse Cerami, abogado del Área de Defensa y del Área de Políticas Pública del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), considera que debido a que el gobierno de Sonora violó derechos humanos de la etnia, incluso con ataques a los opositores del acueducto y al menos dos órdenes judiciales dictadas por jueces de Ciudad Obregón para detener la obra, se espera con optimismo un fallo a favor de los yaquis. La Semarnat para otorgar la autorización a la Manifestación de Impacto Ambiental sólo evaluó el impacto de la tubería, pero omitió los efectos sobre el agua, argumentando que es competencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), detalla. El abogado de Cemda establece que el acueducto es un proyecto que impacta en extremo y que la Ley de Aguas Nacionales prevé como última medida el extraer agua de una cuenca hídrica a otra. Según el Cemda, el Acueducto Independencia generará alteraciones a los patrones hidrológicos de la región, afectará los humedales que son abastecidos de agua por los ríos que se pretenden desviar, pondrá en riesgo la Región Terrestre Prioritaria (RTP) Bavispe-El Tigre localizada en la Cuenca del Río Yaqui y a la Región Hidrológica Prioritaria (RHP) Río Yaqui-Cascada Basaseachic. Entre otras consideraciones por las cuales la tribu Yaqui podría verse favorecida por el fallo de la SCJN, está que las autoridades sonorenses violaron derechos de los agricultores y del pueblo indígena según la recomendación número 37 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitida el año pasado y dirigida a la Semarnat y al gobernador Guillermo Padrés. En esta recomendación la CNDH enfatizó sobre el mal manejo del conflicto por el agua del gobierno del panista, pues generó división y ataques entre los habitantes de Ciudad Obregón y Hermosillo debido a “la falta de implementación de políticas públicas por parte del Gobierno de la citada entidad federativa, a fin de evitar un conflicto social debido a la percepción de escasez de agua, su abastecimiento inequitativo, la construcción del Acueducto Independencia y la violación de los derechos al debido proceso, a la garantía de audiencia y a la consulta del pueblo yaqui, por parte de la Semarnat”. Andrea Cerami explica que las etnias tienen derecho desde 1990 a ser informadas y llamadas a consulta pública desde las primeras etapas del proyecto, cuando el Gobierno pretenda realizar obras públicas que afectarán a sus recursos naturales. La etnia Yaqui es dueña del territorio que ahora defiende desde 1940, cuando Lázaro Cárdenas del Río, integró las tierras y aguas a la tribu a través de un decreto. En 1971 le fueron otorgadas legalmente 474 mil hectáreas donde ahora se asientan sus ocho pueblos: Vicam, Rahum, Torim, Huiribis, Belen, Bácum, Potam y Cócorit.

EL “MONUMENTO AL TUBO”

 

Mientras el gobierno de Padrés Elías violaba los derechos de los yaquis y el Movimiento Ciudadano por el Agua realizaba protestas por la construcción del acueducto, se cerraba la carretera internacional y los activistas denunciaban actos de intimidación de funcionarios públicos, en el bulevar Rosales, justo en la Plaza de los 100 años, se construía el “Pabellón del Agua” con un costo de 450 mil pesos. Guillermo Padrés para demostrar su orgullo por una de las obras más importantes de su administración, el Acueducto Independencia, mandó hacer este pabellón constituido por un pieza de tubería de acrílico de 16 metros por 52 pulgadas de diámetro e inaugurado el 24 de mayo de 2011 y al que los hermosillenses no tardaron en bautizar como “Monumento al Tubo”. Entonces las protestas no sólo se escucharon al Sur del estado de Sonora, sino que el “Monumento al Tubo” fungió como un lienzo donde los ciudadanos dejaron sus consignas en contra de la obra. Incluso hubo manifestaciones con pancartas donde jóvenes exigieron recursos para la construcción de una preparatoria. Leyendas como “En Kino no tenemos Prepa y gastaron 450 mil pesos en este tubo. Gracias Sr. Gobernador” (refiriéndose a la comunidad de Bahía de Kino). En cuestión de días El Pabellón del Agua quedó tan grafiteado, que no tardó en convertirse en una verdadera molestia para las autoridades. Molestia que se reflejó una madrugada de julio de 2011 (en menos de dos meses de su instalación) cuando fue retirado mientras Hermosillo dormía y que según registró el diario El Imparcial, inició a las 3:00 horas con la ayuda de 30 trabajadores del ayuntamiento, dos grúas y camiones de carga. Al día siguiente, el “Monumento al Tubo” se había esfumado, como si no hubiera pasado nada. A más de un año de distancia, los yaquis continúan esperando a que suceda lo que desde un principio pugnaron: que las autoridades se tomen el tiempo de consultarlos y demostrarles que la obra no afectará a sus recursos hídricos.

EL RETO DE LA CORTE

 

La Suprema Corte debió dar un fallo sobre el caso Yaqui hace quince días, sin embargo lo pospuso y aún se desconoce una nueva fecha. De acuerdo con Andrea Cerami podrían ser semanas o meses. Pero la obra Acueducto Independencia avanza, y aunque todavía le falta la toma de agua, podría concluir en este primer trimestre de 2013. Hace dos semanas el caso Florence Cassez estaba “caliente” y la Suprema Corte dejó para después el caso de los yaquis, donde por cierto, también se apelan violaciones al debido proceso, argumento válido para otorgarle la libertad a la ciudadana francesa. Cerami dice que la Ley es clara, el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales en derechos humanos y las normas ambientales. Pero la decisión es de los jueces. “Las sentencias donde se hace valer ese tipo de derecho a la consulta no son muchas, hay sólo una ante la Suprema Corte. Fue muy bueno que atrajera el caso del acueducto, la autoridad está ante la oportunidad de iniciar una nueva etapa en la que se reconoce todo este marco normativo”, subraya el abogado.

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